OSCAR JAVIER DELGADO

El término corrupción dentro de un enfoque social y legal se define como la acción humana que infringe las normas legales y los principios éticos. La corrupción se puede presentar en cualquier contexto, pero en donde más se evidencia la corrupción en el ámbito administrativo y político.

Las formas de corrupción más comunes son las siguientes:

El soborno: Cuando un ciudadano o una organización, entrega directa o indirectamente a un servidor público, determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales establecidos.

La Extorsión: Cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o indirectamente, una recompensa.

El Peculado: Es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los administra.

El fraude: Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les han confiado para su administración.

El Tráfico de influencias: Es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización.

Principalmente, en el sector público y privado, las personas que incurren en temas relacionados con la corrupción son empleados con poder de decisión dentro de las empresas. Expertos en el tema clínico y psicológico concluyen a que la falta de desarrollo moral es la causante de que personas que no tienen necesidades económicas actúan de manera fraudulenta por el individualismo y la ambición.

Algunas consecuencias que se pueden presentar con existe la corrupción son las siguientes:

·         Deficiente asignación de recursos.

·         Pérdida de la legitimidad del sistema político

·         Los mejores negocios no dependen de las capacidades de las personas, sino de la influencia que se pueda ejercer sobre los responsables de tomar decisiones en los procesos de compras, contrataciones y pagos.

·         Se destruye el profesionalismo: el interés por el soborno reemplaza los criterios profesionales.

·         Las personas honestas quedan segregadas, marginadas y desanimadas.

·         Se debilita el desarrollo y causa un creciente abuso de los derechos humanos.

·         Se distorsiona las operaciones de los mercados y priva a la gente común de los beneficios que se derivan de ellos.

·         Se favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas.

·         Se reducen los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos contribuyan al desarrollo y bienestar social.